Existen autorizadas previsiones¹¹ sobre los principales indicadores (PIB, empleo, deuda, déficit) para 2022 e incluso para años siguientes, pero todos ellos están afectados por un alto grado de incertidumbre. Aquí solo se pretende, en forma de lista numeral (no ordinal), reflejar el origen de ésta, reflexionar al respecto, y realizar algunas sugerencias estratégicas sin ánimo de exhaustividad ni excesiva concreción. 

1. La economía española, y más la andaluza, son economías abiertas, sujetas al comercio internacional, y a instrucciones o normas de autoridades y administraciones internacionales. Insertas en la globalización, los datos del futuro vendrán influidos por ella y quedarán fuera de nuestro círculo de influencia. Nuestra estrategia debe encaminarse a ampliar este círculo y a ejercer el grado de influencia que tengamos con las herramientas diplomáticas, argumentales, y persuasivas de las que dispongamos.
2. Son bien conocidas las amenazas actuales derivadas de desastres naturales (medio ambiente), puntos políticamente calientes e incluso de conflictos abiertos. Se hace imprescindible el análisis actualizado de su posible incidencia sobre el bienestar de los ciudadanos y una cautelosa prevención de los posibles efectos. Una primera inquietud nace de la continuidad del azote de la pandemia, del riesgo de aparición de variantes peligrosas del virus, frente a lo cual las organizaciones internacionales ponen el énfasis en “el acceso mundial a vacunas, pruebas de detección y tratamientos más eficaces”
3. Sin descuidar lo referente a la lucha contra el cambio climático y de pensar globalmente, parece necesario, desde la perspectiva económica y social, actuar localmente en aquello que más incide en Andalucía. En ello se incluye, además de los diferentes tipos de contaminaciones que se padecen, la provisión y gestión integral del agua. La falta de cantidad y calidad de este recurso no sólo pone en peligro el ecosistema, sino también la economía donde el turismo y, sobre todo, la agricultura son pilares fundamentales. 
4. De lo expuesto anteriormente se deduce que es necesario favorecer todo aquello que mejore el “lado de la oferta”. Y frente a esta recomendación se producen en 2022 importantes retos. Tanto de costes, y por tanto de competitividad, como para la innovación y la inversión en general. Ya está anunciado que habrá subida de tipos de interés, habitual medida para combatir la inflación alimentada por factores autónomos, por desequilibrios entre oferta y demanda y por la acomodaticia política monetaria aplicada para salir de los efectos económicos de la crisis sanitaria. 
5. También se anuncia (ya estaba en el plan PRTR) una reforma fiscal que implicaría una subida de la presión fiscal sobre el sistema productivo. Recientemente, la presidenta de AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nuestra nacional “institución fiscal independiente”) afirmaba que “el gran debate europeo” (sic) es el que debe producirse este año 2022 sobre las reglas fiscales de la Unión Europea y, ya de paso, añadía que es urgente reformar el marco fiscal nacional, dos asuntos enojosos y habitualmente postergados. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se dedica desde 2014 a garantizar “el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera por las Administraciones Públicas”, principio que saltó por los aires europeos destrozado por un virus más poderoso (verdaderamente resiliente) que el principio de estabilidad, aquel incrustado en la Constitución en forma de artículo 135.
6. Ahora, percibiendo algún optimismo sanitario y económico, y siguiendo consignas europeas, la Autoridad por boca de su presidenta, alude al incremento del déficit y de la deuda que reclama el retorno a “alguna” disciplina fiscal. Aprovecha para abogar por la necesaria reforma del marco fiscal nacional y confiesa sus dudas sobre la supervisión del Plan de Recuperación que debe, no sólo comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los hitos marcados, sino también “la eficacia de las inversiones y reformas”.
7. Resulta ocioso recalcar la importancia del factor humano en el proceso de “Recuperación, Transformación y Resiliencia”, de su cantidad formación, actitud y aptitudes. Los organismos internacionales advierten de la escasez de mano de obra en ciertos países, sectores y oficios que han resultado vitales para recuperaciones anteriores y para el funcionamiento estable de los procesos económicos, fenómeno que ya se viene produciendo en España y en Andalucía, y que se evidencia en las corrientes migratorias que se manifiestan como un fenómeno social complejo.
8. El protagonismo del sector público conlleva un inevitable incremento regulatorio que se extiende a todos los ámbitos y muy especialmente al laboral. En España no es previsible que se frene, lo cual seguirá repercutiendo gravemente en la actividad productiva de bienes y servicios, tanto pública como privada, y posiblemente se exprese a través de situaciones conflictivas que afecten a la normalidad social.
9. Los ambiciosos planes de la Unión Europea son siembras que necesitan para fructificar un terreno adecuado de país, administraciones, gobierno y sociedad, cuyas condiciones en España y Andalucía no son óptimas para la inversión que pueda reducir el desempleo y hacernos converger con la media europea. La burocracia (falta de coordinación, complejidad, escasa información, marginación de pymes) está, al menos, retrasando¹² el desarrollo real de los planes “Next Generation UE”, de los que se duda ya a qué “próxima” generación se refieren. 
10. En la actualidad se demanda más información y más rapidez en las requeridas convocatorias, un mayor y más rápido asesoramiento, y mejores cauces y herramientas para conseguir la financiación compartida. A este propósito se dirige un gran número de acciones impulsadas por CEA, consciente de la transcendencia del buen aprovechamiento de estos Fondos (también de los incluidos en el MAF 2021-2027). No debe olvidarse que, aunque las “ventanillas” sean las diferentes administraciones públicas y la gestión esté reservada al Estado (son las instituciones que al máximo nivel constituyen la UE), los fondos deben terminar en los bolsillos de las personas y de las empresas (en forma de bienes y servicios) a través de las licitaciones y de las subvenciones. De este objetivo final aún se está lejos, aunque tampoco la rapidez debe llevar a comprometer la eficacia de las inversiones y reformas, y menos aún a propiciar la arbitrariedad o al despilfarro. He aquí un habitual compromiso entre el plazo y la calidad de las actuaciones.
11. En todos estos retos queda comprometido no sólo el proceso de recuperación en su conjunto, sino todas las fases de este. La factibilidad de las políticas diseñadas (descarbonización, sostenibilidad, digitalización, cohesión e igualdad, entre otras) y también el prestigio de los agentes implicados. 
12. Existe una tendencia natural al “cortoplacismo”, porque lo urgente se impone a lo importante. Evaluar las consecuencias de las actuaciones presentes nos remite al largo plazo, a la verdadera sostenibilidad. y a la solidaridad intergeneracional. Equilibrar el “corto” con el “largo” es un ejercicio que practican todos los empresarios en su actividad cotidiana y que debe ser fomentada.