Relaciones Institucionales

Desde el ámbito de la Acción Institucional de nuestra organización, 2021 ha sido el año del reforzamiento del Diálogo Social, tanto a nivel autonómico como nacional. 

La pandemia y sus devastadoras consecuencias sobre la actividad económica, ha requerido incrementar el grado de acción concertada entre los agentes económicos y sociales más representativos y los distintos niveles de gobierno.

En el ámbito autonómico, en marzo de 2021 se firmó el “Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social” entre Gobierno de Andalucía, CCOO, UGT y CEA. Un acuerdo que contenía ayudas expresamente orientadas al mantenimiento del empleo y de la actividad económica, concretando las cuantías a recibir por los sectores de actividad. También se incluyeron en el acuerdo medidas para la protección de las personas más necesitadas y afectadas por la crisis, destacando un plan de choque para la agilización de la Renta Mínima de Inserción y la constitución de una mesa de trabajo en materia de dependencia y asuntos sociales. 

Asimismo, y dentro del ámbito del diálogo social autonómico, se ha continuado con una intensa participación en cuestiones relativas a planificación económica y sectorial, destacando en este período la culminación del Plan para la Mejora de la Regulación Económica, el inicio de los trabajos de la Planificación de Transformación Económica de Andalucia (ETEA), aún no finalizado y el desarrollo del Plan META, plan sectorial del turismo de Andalucía. Asimismo en el ámbito industrial se ha participado en la elaboración del Plan CRECE

En el ámbito nacional la elaboración del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, y su aprobación por la Comisión Europea, a fin de facilitar los fondos económicos de recuperación económica al Estado Español, ha llevado implícita la necesidad de abordar importantes reformas estructurales entre las que se encuentra nuestro mercado de trabajo, cuya reforma la Unión Europea ha exigido se llevase a cabo en el contexto del diálogo social, facilitando así que la reforma laboral adoptada se haya desarrollado bajo ese formato negociado.

MEDIDAS DE IMPULSO A LA INVERSIÓN EN ANDALUCÍA

Por otra parte, como consecuencia de esa misma crisis y como respuesta a las gestiones que insistentemente la organización ha realizado, el año 2021 ha supuesto también un impulso decisivo a diversas normas aprobadas por la Junta de Andalucía que tienen como objetivo incrementar las posibilidades de inversión en nuestra Comunidad.

Entre esas normas destaca, fundamentalmente, el Decreto Ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía. También habría que sumar a la misma la nueva regulación del urbanismo y suelo (Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) y las medidas de impulso al sector alojativo, entre otras. Medidas todas ellas aprobadas a final de año, pero que han requerido de un impulso previo de muchos meses de actividad.

Por todo ello, 2021 ha supuesto un importante incremento de la actividad de asesoramiento e información por parte de la Confederación, dado que la urgencia por retomar las medidas de reactivación económica, así como la gestión de la crisis sanitaria, ha hecho que se sucedan numerosos Decretos Leyes (hasta 27), publicados como otras muchas normas en hasta 95 Boletines Extraordinarios de la Junta de Andalucía y 251 boletines ordinarios. Es decir, cada cuatro días de media se ha publicado un Boletín Extraordinario en Andalucía a lo largo de 2021, y globalmente se ha publicado más de un boletín diario en nuestra Comunidad, con lo que ello representa de novedades normativas que la Confederación ha tenido que ir trasladando de forma urgente e inmediata a su base asociativa.

Entre esas normas, han estado aquellas que han concretado muchas de las ayudas previstas para los distintos sectores productivos que, si bien no han sido suficientes, han sido finalmente estructuradas y comprometidas a lo largo del ejercicio, sobre todo, tras el impulso dado tras la firma del acuerdo de diálogo social de marzo. Como ejemplo de todo ello se pueden citar: 

Junto a estas normas de carácter autonómico, también se ha hecho un seguimiento de la aplicación en Andalucía de diversas normas del Estado, especialmente de:

MEDIDAS DE CARÁCTER SANITARIO

Asimismo, ha sido cambiante también toda la normativa de control y prevención de la pandemia, con la modificación constante de horarios de apertura, requisitos de admisión y otras cuestiones cuyo impacto ha sido territorial, como ha podido seguirse a través de la aplicación Mapacovid.es, siendo uno de los elementos más destacados la implantación del pasaporte Covid en Andalucía a final de año. Casi cada miércoles del año se han publicado los acuerdos adoptados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de control sanitario.

Esta proliferación normativa, su novedad e inmediatez, ha dado lugar a una importante actividad consultiva y divulgativa por parte de la organización, que ha generado numerosas convocatorias, la mayoría en formato online, para de forma directa informar a empresas y autónomos de las novedades que se iban sucediendo. La mayoría de esta información se ha canalizado a través de los portales de CEA+ Empresas y CEA+ Autónomos

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Junto a esa actividad sobrevenida, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha continuado con su presencia constante en los órganos de participación institucional realizando un seguimiento de su actividad. Del mismo modo, jurídicamente se ha realizado la labor de seguimiento y participación tanto en los procesos de consulta pública, como en los de información pública en los procesos de creación de norma.

Toda esta tarea se ha completado con la labor que se realiza en el Consejo Económico y Social de Andalucía y, posteriormente, en las distintas comparecencias que la organización ha realizado en sede del Parlamento de Andalucía para exponer su posición sobre políticas y normas sometidas a su conocimiento.